Según la encuesta realizada por el INEI publicada en febrero del 2019, el 49.4% de las víctimas sufrieron robos de dinero, carteras y celulares. Asimismo, el 31.3% de los perjudicados fueron estafados, mientras que el 19.3% fueron víctimas de intento de robo de dinero, carteras y celulares. El 16.4% de estos hechos delictivos fueron realizados con armas de fuego. Este último dato no incluye a las víctimas del hurto e intento de hurto, 4.3% y 5.2%, en las viviendas limeñas. El Título V del Código Penal detalla las sanciones de los delitos contra el patrimonio tales como hurto simple (Art. 184°), hurto agravado (Art. 185°), robo (Art. 188°), robo agravado (Art. 189°), formas agravadas (Art. 195°), estafa (Art. 196°), extorsión (Art. 200°) y usurpación (Art. 202°). Sin embargo, Jean Schmitz, instructor del Instituto Internacional de Prácticas Restaurativa, indica que las leyes sobre seguridad ciudadana han sido incorporadas sin una gran observación de modelos externos, ya que la legislación penal peruana no corresponde a la realidad de nuestro país. Es curioso porque el gobierno sabe que el Perú es un país formalista, en donde se tiene la creencia que los problemas se resuelven con el aumento de leyes. De esta manera, es que usan este recurso reiteradas veces, aparentemente con la finalidad de alcanzar grandes resultados. Es por
ello que los peruanos siguen sin obtener los resultados esperados, porque los cambios que se han integrado en la legislación peruana, en las secciones relacionadas a seguridad ciudadana, no han logrado conseguir un gran impacto en la caída de la delincuencia. Por el contrario, la inseguridad ciudadana ha incrementado a nivel nacional (Woodrow Wilson International Center for Scholars, 2012).
De acuerdo con la investigación Impacto de la delincuencia/falta de seguridad ciudadana y la corrupción en nuestro país (CPI, 2017), el 36.7% de peruanos considera que el Poder Judicial es la institución pública más corrupta que administra la justicia. Seguidamente, el 34.3% opina que la Fiscalía de la Nación/Ministerio Público son las entidades más corruptas del Perú. Asimismo, el 29% cree que la Policía Nacional del Perú es el organismo más sobornable por la sociedad. El avance del crimen organizado es una amenaza para la sociedad limeña y el desarrollo del país. Ha conseguido aliados en el poder político y adentrarse en el Poder Judicial. Asimismo, atenta contra la población con asesinatos, ajustes de cuenta, extorsiones y asaltos a mano armada a cualquier hora del día (Estudio Echecopar, 2018). Tras la revelación de audios en Poder Judicial, se ha llegado a la conclusión de que la corrupción es pieza elemental en las sentencias dictadas contra los delincuentes. Toda persona capturada, delincuente, trata de convencer o sobornar para no ser detenido y condenado a prisión. La corrupción de las autoridades políticas, judiciales, fiscales, policiales otorga a la delincuencia un gran desarrollo, es decir, impunidad. Ante ello, el Estado hizo que cada uno de los ministros del Interior trate de darle una solución a la lucha contra la delincuencia, sin proponer una política planificada de lucha contra la inseguridad ciudadana (Otra Mirada, 2015). Y es así que todas las soluciones propuestas no se han llegado a realizar, o sencillamente, quedaron inconclusas.
En conclusión, la inseguridad ciudadana podría explicarse por la corrupción integrada en las instituciones públicas, es decir, funcionarios corruptos que ejercen una aplicación ineficiente de aplicación de condenas, las cuales no logran combatir esta problemática. Es más, contribuyen con ella. Ante ello, es importante que conozcamos nuestras leyes para que así exijamos justicia, la cuales las podemos encontrar en el Código Penal del Perú y en la página web “Congreso de la República”. También es necesario comprometernos a elegir a nuestros gobernantes de manera adecuada, es decir, estar informados tanto de sus propuestas como de sus antecedentes políticos. Este tipo de información, y mucho más, la podemos encontrar en la página web “Portal del Estado Peruano”. Solo así se podrá exigir una reelección de autoridades políticas, judiciales, fiscales, asimismo, expulsar a todos los policías corruptos, en su debido momento. Si la sociedad limeña no contribuye con la sencilla indicación de informarse, lamentablemente, no veremos mejoras en la calidad de la seguridad ciudadana. Como manifiesta Robert F. Kennedy “Cada sociedad tiene el tipo de criminal que se merece”.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CPI. (2007). Impacto de la delincuencia/ falta de seguridad ciudadana y a corrupción en nuestro país. Recuperado de https://cpi.pe/images/upload/paginaweb/archivo/23/opnac_ppk_corrupcion_delincuencia_politica_peru_201712.pdf
Estudio Echecopar. (2018). La verdadera reforma del Poder Judicial depende de sus jueces. Recuperado de
INEI. (2019). Principales indicadores seguridad ciudadana nivel regional Setiembre 2018- Febrero 2019. Recuperado de https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/boletines/estadisticas_de_seguridad_ciudadana_a_nivel_regional_set.2018-feb.2019.pdf
Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2016). Decreto Legislativo N°635 Código Penal. Lima. Recuperado de http://spij.minjus.gob.pe/content/publicaciones_oficiales/img/CODIGOPENAL.pdf
Otra Mirada. (2015). “Policías inteligentes, no sólo patrulleros inteligentes”. Recuperado de
Otra Mirada. (2016). Delincuencia y corrupción es el problema. Recuperado de
http://www.otramirada.pe/delincuencia-y-corrupci%C3%B3n-es-el-problema
Woodrow Wilson International Center for Scholars. (2012). Leyes, penas y cárceles: ¿Cuánto sirven (y cuánto no) para la seguridad ciudadana?. Recupeardo de
https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/Relator%C3%ADa_0.pdf
La encuesta realizada por Ipsos para Proética presenta la opinión de los peruanos en acerca de la corrupción, la delincuencia y la relación que existe entre estas.
Por Ariana Alarcón Rodriguez
El aumento de la cantidad de leyes es irrelevante en una sociedad como la nuestra, ya que no disminuye la delincuencia. El principal problema que tiene el Perú es la corrupción, tal como sostienen el director ejecutivo de Proética, Walter Albán, y el expresidente de Transparencia Internacional, José Ugaz, “La corrupción es uno de los factores que generan la delincuencia, ola de violencia e inseguridad en nuestro país” (Otra Mirada, 2016). Al mismo tiempo, la ineficiencia de las instituciones públicas tales como la Policía Nacional del Perú, Ministerio Público y Poder Judicial. Es decir, el Estado peruano se halla indefenso al lado de este avance de criminalidad. Ante ello, la falta de una gestión legal adecuada conlleva a los funcionarios evadir la ley sin recibir sanciones. Esto se debe a la alta corrupción en la política peruana. Y como indica Ernesto Mallo, escritor y periodista argentino, “Leyes hay, lo que falta es justicia”. Ante ello, seguiremos viviendo en una ciudad en la que predomina la inseguridad ciudadana si es que seguimos teniendo a los mismos funcionarios que no realizan una adecuada aplicación de condenas debidamente estructuradas.
“Leyes hay, lo que falta es justicia”
(Ernesto Mallo)
Sobre por qué una mala gestión legal explicaría la libertad de los delincuentes